Es la segunda parte al artículo anterior, analizando el tema desde la perspectiva fiscal.
Parte II: ¿Distribución o enajenación del ingreso?
NTRzacatecas.com
René Fernando Lara Cervantes
Martes 3 de mayo de 2011
René Fernando Lara Cervantes
Martes 3 de mayo de 2011
Si usted tuvo la oportunidad de leer mi colaboración anterior, recordará que en ella se abordó la distribución del ingreso desde la perspectiva de la situación laboral de nuestro país; concluyendo que una reforma laboral efectiva debe garantizarle a los trabajadores prosperidad para poder llevar una vida honrada y digna. A continuación veremos otra faceta que afecta directamente a la distribución de la renta: la política fiscal, que es el núcleo del financiamiento para el gasto público.
Seguramente, querido lector, recordará la declaración del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, donde afirmaba que una familia con un ingreso de 6 mil pesos mensuales podía tener acceso a un crédito hipotecario, mantener un automóvil y pagar colegiaturas en institutos privados para sus hijos. En un país como México, la declaración anterior es una falacia, la distribución del ingreso en nuestro país contiene dos factores altamente nocivos que son: un ingreso de las familias muy bajo y una alta desigualdad. El primero de estos factores tiene una relación directa con el empleo y ya fue discutida en mi colaboración anterior. La segunda tiene que ver con la política fiscal y el gasto público, que es el instrumento por excelencia para redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad. A partir de la década de los ochenta, por disposición del FMI, a cambio del crédito otorgado para abatir la crisis, se solicitó a México un control minucioso sobre su gasto público. Los platos rotos de esta disposición los pagó la sociedad al disminuir drásticamente el gasto social en rubros como salud, educación y pensiones por sólo mencionar algunos.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 2006, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo un problema crítico en América Latina (AL) y el Caribe, ya que es la región del mundo con la peor distribución del ingreso y según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) la recaudación fiscal de AL es de 4.5 por ciento del PIB mientras que en países avanzados llega a 13 por ciento. En el caso concreto de México, la política fiscal sólo agrava los problemas de distribución de la renta antes que solucionarlos; es decir, no reparte equitativamente el ingreso de la nación. Los bajos ingresos fiscales significan un gasto público menor, que se traduce en una inversión insuficiente en áreas fundamentales para el desarrollo humano y en la provisión de bienes públicos. Comparando, en México la recaudación de impuestos es poco menos de 10 por ciento del PIB mientras que en Brasil llega a 38 por ciento. La OCDE afirma que en la región de América Latina, México sin ser excepción, se tienen unos niveles de desigualdad de la renta antes de impuestos y transferencias, similares al del resto de los países miembros, sin embargo, la distribución de la misma con la intervención del Estado en AL es severamente afectada.
El diseño y estructura de los impuestos mexicanos no es la adecuada, existe una tendencia a aumentar la base gravable con impuestos regresivos, por ejemplo, el IVA, además de la resistencia encabezada por los monopolios y transnacionales que ante cualquier factor tendiente a disminuir sus rendimientos y ganancias, amenazan con retirarse del mercado. Como ya he comentado con anterioridad, el Estado mexicano sigue regulado por las fuerzas del capitalismo salvaje.
Tenemos la obligación de actuar con más decisión e inteligencia, una reforma fiscal debe ser aplicada, como un pacto social y de desarrollo nacional, instrumentando y diseñando impuestos progresivos para incrementar la recaudación fiscal. Por ejemplo, eliminar el impuesto sobre la renta (ISR) y reemplazarlo por impuestos ambientales según el rubro del negocio, o bien, gravar con mayor intensidad, las ganancias de los grandes capitales. No podemos seguir en el mismo camino si queremos empleos y servicios públicos dignos para todos los mexicanos.
Seguramente, querido lector, recordará la declaración del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, donde afirmaba que una familia con un ingreso de 6 mil pesos mensuales podía tener acceso a un crédito hipotecario, mantener un automóvil y pagar colegiaturas en institutos privados para sus hijos. En un país como México, la declaración anterior es una falacia, la distribución del ingreso en nuestro país contiene dos factores altamente nocivos que son: un ingreso de las familias muy bajo y una alta desigualdad. El primero de estos factores tiene una relación directa con el empleo y ya fue discutida en mi colaboración anterior. La segunda tiene que ver con la política fiscal y el gasto público, que es el instrumento por excelencia para redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad. A partir de la década de los ochenta, por disposición del FMI, a cambio del crédito otorgado para abatir la crisis, se solicitó a México un control minucioso sobre su gasto público. Los platos rotos de esta disposición los pagó la sociedad al disminuir drásticamente el gasto social en rubros como salud, educación y pensiones por sólo mencionar algunos.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 2006, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo un problema crítico en América Latina (AL) y el Caribe, ya que es la región del mundo con la peor distribución del ingreso y según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) la recaudación fiscal de AL es de 4.5 por ciento del PIB mientras que en países avanzados llega a 13 por ciento. En el caso concreto de México, la política fiscal sólo agrava los problemas de distribución de la renta antes que solucionarlos; es decir, no reparte equitativamente el ingreso de la nación. Los bajos ingresos fiscales significan un gasto público menor, que se traduce en una inversión insuficiente en áreas fundamentales para el desarrollo humano y en la provisión de bienes públicos. Comparando, en México la recaudación de impuestos es poco menos de 10 por ciento del PIB mientras que en Brasil llega a 38 por ciento. La OCDE afirma que en la región de América Latina, México sin ser excepción, se tienen unos niveles de desigualdad de la renta antes de impuestos y transferencias, similares al del resto de los países miembros, sin embargo, la distribución de la misma con la intervención del Estado en AL es severamente afectada.
El diseño y estructura de los impuestos mexicanos no es la adecuada, existe una tendencia a aumentar la base gravable con impuestos regresivos, por ejemplo, el IVA, además de la resistencia encabezada por los monopolios y transnacionales que ante cualquier factor tendiente a disminuir sus rendimientos y ganancias, amenazan con retirarse del mercado. Como ya he comentado con anterioridad, el Estado mexicano sigue regulado por las fuerzas del capitalismo salvaje.
Tenemos la obligación de actuar con más decisión e inteligencia, una reforma fiscal debe ser aplicada, como un pacto social y de desarrollo nacional, instrumentando y diseñando impuestos progresivos para incrementar la recaudación fiscal. Por ejemplo, eliminar el impuesto sobre la renta (ISR) y reemplazarlo por impuestos ambientales según el rubro del negocio, o bien, gravar con mayor intensidad, las ganancias de los grandes capitales. No podemos seguir en el mismo camino si queremos empleos y servicios públicos dignos para todos los mexicanos.
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